El Pleno aprobó la minuta que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de extorsión, y reforma.
Luego de ratificar los cambios que el Senado mexicano propuso a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, la Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma que expide una nueva Ley General en materia de Extorsión, que sanciona este delito hasta con 42 años de cárcel.
La aprobación ocurrió con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, se aprobaron los artículos reservados, para su discusión en lo particular, en términos del proyecto de decreto y este se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor.
La minuta también modifica los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal Contra La Delincuencia Organizada, la Nacional de Extinción de Dominio y de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Y establece, entre otros puntos, que a quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico, se le impondrán de 15 a 25 de cárcel.
También se precisa que se aumentará la pena de 5 a 12 años de cárcel, cuando en la comisión del delito de extorsión se utilicen dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico.
Además, se aumentará la pena de 7 a 17 años de prisión cuando en la comisión del delito de extorsión se realice mediante el uso de una o más armas o instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia, forma o configuración de armas de fuego; y cuando se afecte de manera directa la economía de alguna comunidad.
Señala que se aplicará una pena de 10 a 20 años de prisión a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de los delitos.
Con información de López-Dóriga Digital
