La acción es resultado del trabajo coordinado entre la SDS, Profepa y autoridades de los distintos órdenes de gobierno para atender una problemática ambiental y social en la zona.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, concretó el retiro total de cerdos de la granja porcícola ubicada en la localidad de Santa María Chí, municipio de Mérida.
Este resultado representa un avance relevante en la atención de una problemática ambiental y social que, durante años, generó afectaciones a la comunidad y al entorno ambiental de la zona.
Como parte de las acciones institucionales para fortalecer la regulación de la actividad porcícola en el estado, en febrero pasado la SDS, la Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) celebraron un Convenio Específico de Coordinación para fortalecer la gestión integral y sustentable de la evaluación del impacto ambiental en el establecimiento y operación de las unidades de producción porcícola en Yucatán.
Este instrumento representa una acción estratégica para proteger el derecho humano a un medio ambiente sano, al establecer mecanismos de coordinación técnica entre la autoridad estatal y dependencias federales especializadas para evaluar los impactos ambientales derivados de la actividad porcícola.
Como parte de las acciones impulsadas por la SDS, se realizaron procedimientos de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental; se impusieron medidas correctivas y de urgente aplicación; se emitieron sanciones administrativas por irregularidades en el manejo de residuos, y se implementaron medidas de seguridad para garantizar el cumplimiento de resoluciones judiciales y la mitigación de posibles daños ambientales.
Asimismo, la Secretaría mantuvo coordinación permanente con autoridades federales y municipales, dando seguimiento puntual a las resoluciones emitidas por distintas autoridades jurisdiccionales, así como a las medidas necesarias para supervisar el cese de actividades y atender los impactos ambientales derivados de la operación de la granja.
El Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la salud de las comunidades y el cumplimiento de la ley, privilegiando en todo momento el diálogo, la legalidad y la coordinación institucional para garantizar el bienestar de las y los yucatecos.
