Las protestas, ocurridas en apenas dos días, dejaron 31 muertos y facilitaron la fuga de más de 15 mil presos.
Nepal despertó este jueves con un despliegue militar masivo y un toque de queda impuesto en todo el país, medida con la que el Ejército intenta frenar la violencia que precipitó la caída del gobierno.
La calma relativa en las calles permitió la apertura de un nuevo frente: las negociaciones políticas para conformar un gobierno interino.
El estallido también golpeó con fuerza al sistema penitenciario. Durante los disturbios, 25 prisiones fueron asaltadas y más de 15 mil internos escaparon. El caso más grave ocurrió en el centro juvenil de Banke, donde cinco reclusos murieron por disparos policiales al intentar huir.
Según medios locales, los servicios forenses confirmaron que las víctimas fatales de la represión del lunes y martes en el valle de Katmandú ascienden a 31.
En el terreno político, el presidente, el Ejército y líderes del movimiento juvenil Generación Z, que encabezó las manifestaciones, participan en el diálogo para definir la transición. Sin embargo, la propuesta de que la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, asumiera como interina —tras ser elegida en una votación en línea— ya generó divisiones dentro de la propia revuelta.
El país asiático atraviesa un punto decisivo: mientras crece la presión por alcanzar un acuerdo político, persiste la incertidumbre sobre quién conducirá a Nepal hacia la estabilidad.
