El relevo del fiscal especial, la extradición de un testigo protegido y la espera de nuevas indagatorias mantienen en suspenso el proceso por la desaparición de los 43 normalistas.
A más de una década de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la investigación federal continúa empantanada. La designación de Mauricio Pazarán Álvarez como nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) no ha traído aún la claridad que exigen los padres de las víctimas, tras la renuncia de su antecesor, Rosendo Gómez Piedra, el pasado 16 de junio.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno mexicano solicitó a Estados Unidos la extradición de dos personas clave en el caso: un juez de barandilla identificado como Ulises “N” y un ex mando de la PGR, Abraham “N”, acusado de tortura. La mandataria también aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) explora nuevas líneas de investigación, aunque Pazarán todavía no las ha dado a conocer.
Uno de los episodios más controvertidos es la participación de Abigael González Valencia, alias El Cuini, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pese a su historial delictivo, El Cuini fue considerado testigo protegido. En agosto pasado, fue finalmente extraditado a Estados Unidos después de múltiples amparos para frenar el proceso.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la extradición de El Cuini se había detenido durante cinco años para obtener la colaboración de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, señalado como responsable del secuestro y desaparición de los normalistas. Según López Obrador, este acuerdo permitió identificar los restos de dos estudiantes. Sin embargo, tanto El Cuini como “El Gil” dejaron de cooperar, lo que cerró esa vía de investigación.
Ahora, la UEILCA se enfrenta al reto de reactivar el expediente y dar respuesta a las familias de los 43 jóvenes, quienes continúan demandando verdad y justicia. El seguimiento a la extradición de los dos testigos que se encuentran en Estados Unidos podría ser determinante para destrabar un caso que, a 11 años, sigue marcado por la impunidad.
