El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán reconoce capacitación con criterios de calidad y legalidad, clave para brindar servicios inmobiliarios más seguros y confiables.
El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) entregó constancias de certificación a personas físicas y morales capacitadoras cuyos Programas de Formación, Capacitación, Actualización y Certificación en materia de Intermediación Inmobiliaria cumplieron con los criterios establecidos en la convocatoria publicada en el Diario Oficial del Estado.
Durante el acto, la directora general del Insejupy, Dalia Isela Piña Alberto, destacó la importancia de fortalecer la profesionalización del sector inmobiliario mediante programas académicos que garanticen certeza jurídica, ética profesional y calidad en la prestación de servicios.
Como resultado del proceso de evaluación, el Insejupy determinó que la primera generación de capacitadores certificados en intermediación inmobiliaria está integrada por instituciones y profesionistas que acreditaron satisfactoriamente sus programas de estudio.
Entre quienes obtuvieron esta certificación se encuentran Libera Training, S.C.P.; Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas, A.C.; Carlos Manuel López Baqueiro; Colocaciones Talent Business Future, S.A. de C.V.; Asociación para el Desarrollo Empresarial LF, S.C.; Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Sección Mérida, Yucatán; e Ismael Ignacio Martínez Palmero.
La certificación se realizó conforme a los lineamientos y criterios previstos en la convocatoria para el reconocimiento oficial de programas de estudios en materia de intermediación inmobiliaria, los cuales deben cumplir con los estándares normativos y de calidad requeridos por la legislación estatal.
En su mensaje, Piña Alberto señaló que este esfuerzo trasciende un trámite administrativo y representa un reconocimiento al compromiso con el conocimiento y la ética profesional, valores relevantes en el contexto del Renacimiento Maya impulsado por el Gobernador Joaquín Díaz Mena, con énfasis en la justicia social y el respeto a la ley como ejes del desarrollo.
