Arturo Zaldívar aclaró que la postura del Ejecutivo es no avalar disposiciones contrarias a la Constitución y pidió mayor claridad en la redacción del artículo transitorio.
El coordinador General de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, fijó la posición del Ejecutivo federal respecto al artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado, al señalar que el Gobierno no respalda ninguna disposición que implique retroactividad, ya que la Constitución lo prohíbe expresamente.
Zaldívar subrayó que no se revertirán suspensiones ya otorgadas bajo la norma vigente ni se afectarán etapas procesales concluidas, sino que las nuevas disposiciones aplicarán únicamente en fases posteriores de los juicios en curso. Reconoció, sin embargo, que la redacción del transitorio es confusa y ha dado pie a interpretaciones que han alimentado la polémica.
El funcionario explicó que la intención es clara: en cada juicio se respetará la legislación vigente en la etapa en la que se encuentre, mientras que las fases subsecuentes quedarán sujetas a las nuevas reglas. Añadió que, aunque el Senado introdujo modificaciones valiosas a la iniciativa presidencial, el texto transitorio abre espacio a dudas que han generado críticas, algunas infundadas y otras con preocupaciones legítimas.
Zaldívar sugirió que los legisladores incluyan una disposición explícita que deje constancia de que el amparo se refiere a asuntos procesales y que los derechos adquiridos seguirán protegidos por la ley vigente al momento de la actuación. “No estamos de acuerdo con la aplicación retroactiva de la reforma”, enfatizó, al exhortar a que la redacción final sea “clara y contundente”.
El funcionario precisó que, conforme a la jurisprudencia, las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones, pero las etapas ya concluidas no serán modificadas.
