Un tribunal iraní dictó la pena de muerte por ahorcamiento público contra Saleh Mohammadi, un joven de 18 años que participó en las protestas pacíficas
Un tribunal iraní dictó la pena de muerte por ahorcamiento público contra Saleh Mohammadi, un joven de 18 años que participó en las protestas pacíficas del pasado 8 de enero en la ciudad de Qom. El caso ha generado amplia preocupación internacional debido a las circunstancias de su detención y al proceso judicial seguido en su contra.
El joven fue arrestado el 15 de enero y acusado de haber atacado a un agente de policía durante las manifestaciones. Según organizaciones de derechos humanos, la confesión que sirvió como base para la condena fue obtenida bajo tortura y palizas continuas, situación que el propio acusado denunció ante el tribunal.
Pese a ello, las autoridades judiciales rechazaron sus alegaciones y validaron las confesiones iniciales como prueba.
Diversos organismos de derechos humanos han pedido presionar a Teherán para detener la ejecución. La organización Iran Human Rights (IHR) advirtió que la práctica de obtener confesiones bajo coacción, junto con el historial de ejecuciones rápidas y secretas, incrementa el riesgo de que se produzcan más sentencias de muerte contra manifestantes detenidos.
El caso se enmarca en un escenario de fuerte represión contra las protestas en Irán. Según IHR, tras la represión masiva de manifestantes, las autoridades buscan intimidar a la sociedad mediante la ejecución de jóvenes detenidos.
La organización considera que la presión internacional coordinada y la movilización pública pueden ser claves para frenar estas medidas.
