Las reformas a la Ley General de Salud contemplan sanciones de hasta ocho años de prisión y multas por más de 226 mil pesos.
Las reformas establecen sanciones de uno a ocho años de cárcel, además de multas de hasta dos mil UMAs, lo que equivaldría a más de 226 mil pesos, para quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen este tipo de dispositivos.
Durante la discusión, diputadas y diputados de la oposición reprocharon que la medida favorece al mercado ilegal, al acusar al bloque oficialista de abrir espacio al crimen organizado en la venta clandestina de vapeadores.
Al dirigirse al pleno, la legisladora Iraís Reyes sostuvo que “no regular un producto que la gente ya consume es igual a más mercado negro”, además de señalar que algunos legisladores oficialistas consumen vapeadores pese a impulsar la penalización.
El decreto aprobado también prohíbe toda actividad comercial relacionada con vapeadores: desde la fabricación y envase hasta la importación, exportación, almacenamiento y venta. Asimismo, limita cualquier forma de publicidad o propaganda en medios tradicionales y digitales.
El documento añade restricciones a la distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas, así como al uso ilegal de fentanilo.
