El periodista José Luis Montenegro reveló varios casos, de los cuales resalta la venta ilegal de pipas con 60 mil litros de combustible destinados a zonas como la Península de Yucatán.
Durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, múltiples alertas ciudadanas sobre contrabando de combustible quedaron sin respuesta, de acuerdo con el periodista especializado en seguridad José Luis Montenegro, quien habló del tema en entrevista para Aristegui en Vivo.
Montenegro relató que el primer reporte se registró el 24 de abril de 2019, cuando un vecino de Comalcalco notificó que camiones de transporte cargaban huachicol en las cercanías de una terminal de Pemex. Según esa denuncia, las operaciones involucraban a contratistas del gobierno federal y a líderes huachicoleros identificados por cuerpos de inteligencia.
Otro aviso llegó el 30 de julio de 2020. En esa ocasión, un denunciante anónimo describió cómo una camioneta vendía combustible robado en botellas de tres litros a 3.50 pesos por litro, sin facturación y con la supuesta complicidad de policías estatales y federales. El periodista agregó que el ciudadano realizó pruebas de densidad que confirmaron que se trataba de hidrocarburo de Pemex.
“Este quejoso asegura que sabe perfectamente que es hidrocarburo de Pemex robado”, citó Montenegro.
Varias de estas advertencias fueron dirigidas al entonces gobernador López Hernández, pero —según el reportero— no hubo seguimiento oficial. Entre las compañías señaladas figuran FJ Comercializadora y Arrendadora SADCB, que además de trabajar como contratista estatal ofrecía combustible barato y sin factura, con presunta protección de elementos de seguridad.
Las investigaciones ciudadanas apuntaban a que la red distribuía pipas de 60 mil litros hacia Veracruz, Oaxaca y la península de Yucatán. También surgió el nombre de Maquiladora de Lubricantes SADSB, acusada de comercializar aceites quemados como combustible alternativo.
Montenegro comentó que algunos empleados de la terminal de Dos Bocas renunciaron al descubrir que “era parte de la red que operaba en el robo de diésel y crudo de Pemex”. Afirmó que no se trataba de casos aislados, sino de un patrón que incluía la venta clandestina de pipas y la preparación de “huachibuques” para abastecer a contratistas y comunidades.
Los denunciantes también aportaron documentos que muestran que las empresas operaban sin permisos adecuados, pues solo contaban con autorizaciones de centro de acopio. Ante esta situación, Montenegro cuestionó: “si los ciudadanos tabasqueños tenían conocimiento de estos hechos, ¿por qué las autoridades locales no actuaron para investigar estos casos?”.
Actualmente, explicó, el uso de testigos protegidos ha permitido seguir la pista de estas redes de alto nivel. Mencionó a Alejandro Torres Joaquín, director de la aduana de Tampico, y a Carlos Tomás Díaz Rodríguez, exlíder de “la Barredora”, como piezas clave para desmantelar el contrabando.
Montenegro concluyó que, pese a las pruebas acumuladas, “ya tienen bastantes años en el limbo y no hubo una operación quirúrgica por parte del gobierno estatal para desmantelar esta red criminal”, lo que a su juicio revela una inacción institucional frente a un delito que amenaza el patrimonio y la seguridad energética nacional.
