Funcionarios estatales habrían exigido pagos ilegales para levantar clausuras; el caso ya está en la Fiscalía.
El restaurante Sonora Grill en Mérida interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía estatal contra varios funcionarios de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, a quienes acusa de extorsión y de operar una red de corrupción dentro de la dependencia.
De acuerdo con la carpeta de investigación, al gerente del establecimiento le exigieron una multa de 300 mil pesos, un “anticipo” de 200 mil en efectivo y un pago mensual de 30 mil pesos como supuesto “derecho de piso”. A cambio, prometieron retirar los sellos de clausura colocados el pasado 12 de septiembre.
El testimonio describe que la negociación ocurrió en una reunión irregular, en la que los asistentes fueron obligados a entregar sus teléfonos celulares para evitar grabaciones. Según la denuncia, los funcionarios advirtieron que el procedimiento administrativo podría prolongarse de manera indefinida si no se realizaban los pagos, lo que ponía en riesgo el sustento de decenas de empleados que dependen del salario y las propinas del restaurante.
La acusación señala directamente a los funcionarios Marcos T. D., Hugo G. H., Jorge F., Pedro C. y al subdirector de Control y Fomento Sanitario, Abraham P. C. El documento sostiene que no se trata de un caso aislado ni de un empleado que actuó por cuenta propia, sino de un esquema organizado al interior de la dirección.
Hasta el momento, el titular de la dependencia, Domitilo Carballo Cámara, no aparece en la denuncia, y queda por esclarecer si desconocía estas prácticas o si formaba parte de ellas.
Sonora Grill advirtió que, si un restaurante con reconocimiento nacional fue víctima de este tipo de presiones, es probable que existan más negocios afectados. En su comunicado, convocó a otros empresarios que enfrenten extorsiones similares a denunciar, ofreciendo anonimato para visibilizar públicamente estas prácticas.
